Gestionar que los recursos que apruebe en el Congreso privilegien la salud, educación, fomento al empleo y la calidad de vida de la comunidad.
Legislar mecanismos para erradicar los índices de discriminación en el Estado.
Vigilar que las leyes que protegen a las mujeres y pueblos originarios, no sean letra muerta y se apliquen efectivamente.